La Ley de Movilidad Sostenible 2025, recientemente aprobada, marca un cambio normativo profundo en España hacia una movilidad más limpia. Se revisan las etiquetas medioambientales de la DGT para que reflejen emisiones reales, restringiendo el acceso urbano a los vehículos más contaminantes. Las estaciones de servicio con gran volumen deberán instalar puntos de recarga rápida (400‑600 kW). Las empresas con más de 200 empleados estarán obligadas a diseñar planes de movilidad que favorezcan el transporte público, el vehículo compartido, el teletrabajo o la bicicleta. Además, se implantan Zonas de Bajas Emisiones y nuevas tasas para desincentivar el uso de coches convencionales.

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